Ante la atenta mirada de la Subsecretaria de Trabajo, Dra. Laura Cristina Vischi, las partes en conflicto firmaron el acuerdo y de esa manera se levantó la medida de fuerza dispuesto por el sindicato de Luz y Fuerza que se llevaba a cabo en el día de hoy y la que disponía por tiempo indeterminado desde el jueves venidero. En el acta de acuerdo se establece que se van a conformar dos comisiones que se van a poner a trabajar desde el martes 5 de mayo, una evaluando el reencasillamiento y la otra se encargará de la situación salarial. El acuerdo la firmaron la propia Subsecretaria de Trabajo, el interventor de la DPEC, ingeniero Vicente Pascual Parisi , el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza, Juan Carlos Medrano, y el secretario gremial de la Federación Argentina de Luz y Fuerza, Juan Carlos Mazzur.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Corrientes (Suteco), Fernando Ramírez reavivo la posibilidad de convocar nuevamente el paro tras los descuentos que percibió el sector después de haber acordado una recomposición salarial. Entre hoy y mañana se estaría decidiendo la medida de fuerza y sería por 48 horas, "creemos que va a ser unánime la medida de fuerza que nos parece absurdo todo esto". Mientras que adelantó que se manifestaran en contra de la tercerización de las empresas privadas que quieran prestar algún servicio en las escuelas. Repudio los despidos de los porteros, bibliotecarios entre otros.

La doctora María de las Mercedes Zambrano señaló que “desde algún despacho oficial se está trabajando para intervenir el Centro de Jubilados. Buscan excusas para la intervención. No puedo decir que el Gobernador está al tanto, pero de que alguien tiene esas intenciones, es así”. La titular de la entidad que nuclea a los jubilados correntinos, sostuvo que “el IPS es una institución con una administración arcaica, la liquidación las hacen a mano”. “Nosotros pedimos la normalización, y el Ejecutivo se opone abiertamente. Vergonzosamente, en una acción judicial en la cuál reclamamos eso, aducen que no tengo representatividad. Y eso no lo firmó el Fiscal Estado, lo hizo el doctor Saadi, integrante del grupo de trabajo de Vignolo”, manifestó y tiró al final: “acá está todo armado, y huele a mal olor, a corrupción”.

Monseñor Stanovnik, contrariado por la decisión de los concejales de subirse sus haberes, criticó la medida tomada la semana pasada. Por el lado del Ejecutivo, el viceintendente Meixner manifestó que analizarán si los 600 mil pesos anuales extra que ingresarán al cuerpo deliberativo están contemplados en el presupuesto.